sobre la ordenanza animal de olmué

[Hace unos días se dio a conocer el texto de la ordenanza canina de Olmúe -según parece la primera en su historia-, que sería publicado dentro de poco en el Diario Oficial. No parece que pueda, ni quiera, solucionar los problemas asociados al maltrato animal en la comuna. Tal como está, esta ordenanza fomenta el maltrato animal].

[Claudio Lísperguer] En estos días pude consultar la nueva ordenanza de la comuna de Olmué, que entiendo que debe ser todavía promulgada o dada a conocer a la ciudadanía –que aparentemente no tuvo participación alguna en su elaboración- sobre la “tenencia de animales domésticos y de cría o ganado”. Tantas lagunas, disposiciones que no pueden ser implementadas y artículos que son derechamente ilegales me hacen pensar lo peor. Una nueva oportunidad perdida para solucionar al menos un aspecto de la relación humano-animal en la comuna: qué hacer con los perros en situación de calle.
La ordenanza consta de veintidós artículos. No los comentaré todos, sino solamente aquellos que merezcan a mi juicio una reconsideración urgente. En el artículo uno, pese a que declara como objetivo la regulación “de las medidas de protección y tenencia de animales domésticos”, no menciona para nada la implementación de programas que pongan fin a prácticas de crueldad animal que en zonas rurales son muy habituales, como por ejemplo la costumbre de encadenar a los perros durante días enteros, a veces permanentemente, o la de dejar a los caballos bajo el sol sin protección alguna, o la de utilizar, en parcelas, locales comerciales e incluso residencias particulares, perros de guardia que no han sido adiestrados por profesionales y que constituyen un inminente peligro para todo el mundo, o la igualmente nefasta costumbre de matar a los perros como forma de castigo o como venganza en riñas personales o entre vecinos y familias. La práctica del maltrato es tan generalizada que hubiese sido apropiado y grato compartir con las autoridades una preocupación genuina por el sufrimiento animal. No parece ser el caso. Lo que es peor es que tampoco parecen las autoridades tener la intención de implementar las leyes existentes de protección animal. El artículo uno sólo menciona los “accidentes por mordedura”, la promoción de la “higiene pública”, la “transmisión de enfermedades zoonóticas” y el “control de los perros”.

El artículo dos define los diferentes tipos de animales: doméstico, controlado, semi-controlado y sin control o abandonado. En este listado hay algunas ausencias. No se menciona a los perros perdidos, que no pueden ser incluidos sin más en la categoría de perros abandonados. Aunque es una realidad que conoce y vive todo el mundo, el perro perdido no es mencionado casi nunca, pese a que en muchas comunas son la mayoría de los perros en situación de calle. El perro perdido debe contar con una estrategia especial, que deberá consistir primeramente en buscar a su familia humana o montar mecanismos que faciliten el rencuentro familiar. Es indispensable la creación de un canil municipal temporal, o la creación de una red de caniles u hogares temporales privados voluntarios donde los perros hallados en la calle puedan ser tratados médicamente y mantenidos hasta que se produzca el rencuentro o encuentren los perros una nueva familia adoptiva. El rencuentro se puede facilitar mediante la creación de una página web donde los vecinos puedan subir fotos de sus mascotas perdidas y otros datos pertinentes para facilitar su búsqueda y de una red que colabore activamente en esta –por ejemplo, haciendo afiches para los árboles o exteriores o en otras actividades relacionadas (poner fotos en las publicaciones locales, en letreros en autobuses y metro, anunciar su pérdida y búsqueda en las radios, contando para ello también con los medios y canales oficiales de la municipalidad).
Tampoco aparece el perro comunitario, que son perros adoptados colectivamente por un grupo de vecinos, habitualmente de una cuadra o un pasaje, los que cuidan de él y alimentan, que viven en casetas en la calle y cuya labor es disuadir y/o alertar sobre la presencia de intrusos o desconocidos en actitudes o conductas sospechosas. Estos perros de servicio no pueden tampoco ser confundidos con perros abandonados o controlados o semi-controlados.
Este artículo 2 incluye una definición de propietario o tenedor que incluye un agregado derechamente inaceptable: considera propietario de un perro a la persona “que alimente de forma periódica a un animal”. Esto no solamente no tiene fundamentos jurídicos, sino que es una verdadera aberración. Es un modo de deshacerse del problema. Una de las consecuencias posibles, que es probablemente lo que esperan las autoridades, es que la amenaza lleve a que la gente deje de alimentar a los perros en situación de calle, los que, sin ser acogidos en caniles, deberían, según el plan de la municipalidad, morir de inanición en la calle o torturados y asesinados cuando, por hambre, ataquen algún gallinero, para decir algo. Sería quizá más atendible que las personas que cuidan o alimentan a perros en situación de calle, a la espera de proyectos que incluyan la construcción de un canil municipal o de la creación de una red de refugios voluntarios, se inscriban como tutores temporales para evitar, por ejemplo, que otras personas compasivas sometan repetidas veces a los perros a los mismos o diferentes tratamientos.

El artículo cinco establece que el dueño de un animal debe tomar las medidas necesarias para evitar que el perro sea un peligro o represente una amenaza para otros. Pero no fija ningún mecanismo de control efectivo. Habría sido mejor que, además, declarara obligatorio el adiestramiento profesional de los perros de patio o con funciones de guardianes, para que la defensa de la propiedad o territorio no termine en accidentes trágicos.
Con respecto a las mordeduras, la ordenanza no considera para nada que más del noventa por ciento de las mordeduras contra humanos las producen perros con dueño, no los perros de calle –particularmente perros que sus propietarios utilizan como perros guardianes. La evidente causa, aparte de la imprudencia o agresividad de los humanos, es que nadie obliga a esos propietarios a dejar el adiestramiento de sus perros en manos de profesionales.
El capítulo siete dispone la creación de un registro canino. En la lista de datos han olvidado incluir la foto de los perros inscritos, lo que ayudaría mucho para su identificación. También podría transformar en obligatorio el microchip de identidad, o el tatuaje. Esto también ayudaría a recuperarlo si alguna vez se perdiera.

El artículo diez es probablemente uno de los más polémicos. Prohíbe el cobijo y alimentación de animales domésticos en espacios de uso público y en sitios eriazos o baldíos. Esto es derechamente intolerable e igualmente una aberración jurídica. El delito de maltrato también incluye no proporcionar alimento a los perros, como reconoce la propia ordenanza en la letra e del artículo dos. La condición o estatus de propiedad del perro es totalmente irrelevante. Si la municipalidad no garantiza que esos perros serán alimentados por las propias autoridades, y lo impide a los ciudadanos, está cometiendo el mismo delito de maltrato que pretende perseguir. ¿Qué se pretende con esta idea? ¿Que los perros mueran de hambre en la calle? ¿Esa es la comuna que quieren las autoridades para sus hijos? ¿Una comuna donde a los perros hallados en la calle se les debe privar de cobijo, alimentos y cuidados para que se mueran? ¿No sería mejor recogerlos en caniles u hogares temporales y buscar activamente y de buena fe a sus familias humanas o a nuevas familias adoptivas? Obviamente, ese canil municipal debe ser del tipo Sacrificio Cero (en los que los perros no son sacrificados por ningún motivo) y donde se haría lo posible por rehabilitarlos, conforme a sus necesidades. Pero, volviendo al artículo en cuestión, este puede provocar sufrimiento y angustia innecesaria en los vecinos porque para muchos el ejercicio de la piedad es un imperativo filosófico y/o religioso que no puede ser ignorado y que se encuentra en el alma de muchos credos, como el católico, el musulmán, el budista y otros. Ese principio empático dice que tienes que ayudar a una persona, humana o no humana, que padece, y que eso que haces, la ayuda que brindas, es una parte constitutiva de tu identidad y de tu redención. Prohibir la piedad atenta contra los sentimientos filosóficos/religiosos de la mayoría de los habitantes. Pero, además, viola de manera escandalosa derechos garantizados por la Constitución: el derecho a practicar libremente tu opción filosófica/religiosa y el derecho a la integridad moral y psíquica, que garantiza que ninguna autoridad puede obligarnos a hacer algo que viole esa identidad. Ninguna autoridad puede obligarnos a hacer la vista gorda cuando una persona en situación de calle nos pide comida o dinero para comer. Tampoco puede impedirnos que alimentemos a un perro, esté donde esté. Manteniendo este artículo las autoridades están creando problemas innecesarios que antes no existían. Estas mismas reflexiones valen para el artículo catorce, que prohíbe la instalación de cobertizos o casetas para perros en situación de calle, “aún [sic] cuando no alteren el tránsito vehicular o peatonal”. Es decir, la prohibición es arbitraria, porque no se fundamenta en nada.

El artículo quince debería ser reconsiderado tanto para evitar caer en la ilegalidad como para ajustarse al sentimiento común. Dice: “Las especies domésticas con o sin dueño, que fueren atropellados o se encuentren enfermas o heridas de consideración en la vía pública, serán retiradas por funcionarios municipales quienes podrán aplicar la eutanasia como medio válido para evitar el sufrimiento animal, siguiendo los criterios establecidos por la autoridad sanitaria correspondiente”. Según la jurisprudencia administrativa, las municipalidades no tienen ninguna atribución ni para recoger perros en la calle ni para someterlos a eutanasia, y menos aun por personal municipal que la ordenanza no indica que deban ser personas con formación médica o paramédica. Según dictámenes de Contraloría (la jurisprudencia administrativa, cuyas resoluciones tienen fuerza de ley), la única autoridad que puede tomar decisiones sobre la aplicación de eutanasia a un perro o animal doméstico es el seremi de Salud. Para ello se establece que los perros de los que se sospeche que portan alguna enfermedad contagiosa, como la rabia, deben ser aislados y observados durante un periodo de diez días. Si se confirma la presencia de esos síntomas, debe ser sacrificado indoloramente. En realidad, esta es la única causal de muerte. Esto es particularmente válido para el caso de perros enfermos. En otros casos, como el de perros atropellados, esperar la intervención del seremi de Salud puede ser impráctico y prolongar el sufrimiento del can. Pero no debe confundirse la situación del perro enfermo con la del perro atropellado. Estas definiciones que lo abarcan todo pueden ser la antesala de las peores arbitrariedades.
Los funcionarios municipales no deben tener en ningún caso atribuciones tan amplias ni en realidad ninguna relacionada con decisiones sobre la vida o muerte de los chuchos. En cualquier caso, no pueden ser funcionarios corrientes sino personal médico o paramédico especializado. Recuérdese que en las matanzas de perros en San Joaquín, los funcionarios encargados del sacrificio ilegal cometían el delito adicional de ejercicio ilegal de la profesión de médico-veterinario, por el cual serán muy probablemente juzgados. Estos funcionarios, obligados a matar por el alcalde bajo amenaza de despido, inyectaban las soluciones eutanásicas sin tener ningún conocimiento ni formación para ello, por lo que los asesinatos que cometían eran además particularmente dolorosos para sus víctimas.
Si las autoridades de Olmué persisten en este artículo, los ciudadanos más concernidos tendrán todo el derecho a presentar reclamos en Contraloría y a entablar demandas y querellas en tribunales, obligando a la municipalidad a destinar recursos que de otro modo pudiesen ser utilizados para solucionar algunos de los problemas que trata de ordenanza.(La municipalidad de San Joaquín lleva gastados más de cuatro millones de pesos, y el juicio y las otras demandas que se preparan están lejos de terminar).

Los artículos dieciséis y diecisiete son igualmente enteramente ilegales. La determinación de los delitos o faltas y la fijación de multas por su contravención es un asunto exclusivamente judicial. Las conductas humanas en la relación humano-no humano, sea las que se inscriben como maltrato, que la ley condena, como las de protección, que la ley fomenta, están reguladas por leyes nacionales y dictámenes de Contraloría que no pueden ignorados por ordenanzas locales. El delito de maltrato animal, por ejemplo, tipificado en el Código Penal (artículo 291 bis) y caracterizado en varios dictámenes del Contralor, puede ser castigado por una pena de prisión máxima de hasta tres años. El mismo código fija además las multas y otras opciones a las que puede recurrir el juez, como pena de servicio comunitario, o donación a alguna organización de protección animal, u otras. Estas disposiciones de los artículos dieciséis y diecisiete no pertenecen al ámbito sobre lo que pueden legislar las autoridades locales y sólo vienen a enturbiar lo que ya disponen las leyes nacionales.

El artículo diecinueve habría sido innecesario si la ordenanza estableciera la obligación de dejar en manos de profesionales el adiestramiento de los perros con funciones de guarda.

El artículo veinte señala que dos testigos serán suficientes para declarar que una persona, dueña de un animal que ha atacado a un humano, es su propietaria. Esto es jurídicamente dudoso. Pero no dice nada cuando se trata de ataques humanos contra perros, pese a que sabemos que probablemente la mayoría de los ataques de perros contra humanos se producen como reacción ante un ataque humano previo. Estos ataques humanos (patadas, golpes) son muy frecuentes en zonas donde la vida de los animales no tiene gran valor desde un punto de vista moral y las leyes los consideran igualmente delitos graves. Estos asuntos, por lo demás, son materia del proyecto de ley que todavía está siendo discutido en el Parlamento. Es aconsejable esperar su promulgación o, en todo caso, adaptar la redacción a la de la futura ley.

Uno de los problemas fundamentales en la relación humano-no humano en esta comuna como en todas las otras del país, es la presencia de perros en la calle. Los perros terminan en calle, en su mayoría, después de haberse perdido, o porque han sido abandonados. Su solución requiere la creación de caniles o municipales o privados temporales que formen parte de una red. Quizá lo ideal sería la creación de un canil municipal, con o como parte de una red que incluya también los refugios familiares temporales, para la internación de los perros hallados en la calle. Durante este periodo deberán ser examinados y tratados médicamente y preparados sea para el rencuentro con su familia humana o la adopción. Lo ideal sería igualmente que este canil contara con la cooperación de voluntarios, los que podrían ayudar a buscar a las familias, o a buscar familias adoptivas, a alimentarlos, a curarlos, a acompañarlos, a jugar con ellos y a evitar que se generen situaciones de maltrato u otros peligros en el interior de los caniles. Estos mismos voluntarios podrían gestionar refugios privados con el mismo fin, y contando con ayuda municipal. La nueva ley de próxima promulgación establece y dispone de fondos para la creación de caniles. Los fondos muy probablemente no alcanzarán para todo. Por eso, y también con el fin de promover la participación y responsabilidad ciudadanas, estos caniles debiesen operar con voluntarios. Por la misma razón debe promoverse el voluntariado en la forma de hogares temporales.

En general, y para concluir, esta ordenanza es incompleta y no aporta ninguna solución a los problemas de la relación humano-animal. Sin crear un canil municipal del tipo Sacrificio Cero (no eutanásico), o fomentar la creación de una red de hogares temporales familiares en ruta a la adopción, es impresentable que las autoridades quieran prohibir que los ciudadanos alimenten a los perros en situación de calle, que sufren hambre, enfermedades, frío, abandono y reiterados maltratos. ¿Qué esperan como resultado? ¿Que los perros mueran hambre, frío o torturados? Esta no sólo no es la cultura en la que muchos quieren que crezcan sus hijos, sino además es un afronta directa a principios filosóficos y prácticas religiosas muy variadas, entre ellas la católica, que se basa en la piedad. Lo que la municipalidad de Olmué pretende con la prohibición de asistir a perros de la calle se llama maltrato por omisión y es igual de grave que el maltrato directo. Por este punto de la ordenanza, el alcalde y la municipalidad podrían ser llevados a tribunales no sólo por el evidente delito de maltrato animal que fomentan mediante estas prohibiciones sino además porque niegan garantías constitucionales fundamentales, como el derecho al ejercicio de tus opciones religiosas y el derecho a la integridad psíquica y moral.
Además de todo esto, con prohibir la alimentación de los perros en situación de calle lo único que se logrará es exactamente lo contrario de lo que se quiere conseguir, pues un perro hambriento es un perro estresado y un perro estresado se puede convertir fácilmente en un perro agresivo.
Lo más lamentable es que esta ordenanza, por el lenguaje usado para su redacción y por las disposiciones propuestas, parece haber sido concebida contra la ciudadanía, en lugar de buscar la cooperación de esta, que es la única manera para avanzar en la solución del grave problema del maltrato animal en la comuna y en la solución de situaciones sobre las que es difícil ejercer control, como los perros perdidos. Si se opta por el canil municipal, deberá entenderse que este debe ser temporal y que los perros que sean acogidos deberán ser preparados para facilitar su reinserción social en nuevas familias humanas adoptivas o para el rencuentro con sus familias. Este canil tampoco debe ser de tal modo grande que se transforme en un campo de concentración inmanejable. La municipalidad debería abrir urgentemente un libro de voluntarios donde habitantes de la comuna puedan inscribirse para ofrecer sus servicios en el canil –como veterinarios los que lo sean, paramédicos, para el aseo, para pasear a los chuchos, para acompañarlos, para organizar jornadas de adopción, para rehabilitación, para preparar la comida, etc. La participación de voluntarios es indispensable. Lo ideal, sin embargo, debería ser una combinación de canil municipal de dimensiones humanas con una red de caniles o refugios familiares temporales, a cargo de voluntarios.
Si las autoridades municipales dejasen de ver a los ciudadanos como enemigos e intentasen buscar su cooperación en proyectos conjuntos, ya tendríamos solucionados la mitad de los problemas. Las autoridades deben reconocer que si no fuera por la ciudadanía, por todas esas personas y familias que ayudan a los perros en situación de calle, o que los adoptan, las calles sí que estarían realmente llenas de perros. Es indispensable que esta labor ciudadana sea reconocida, en lugar de denostada y castigada. Si a esto se agregan prohibiciones que sólo empeoran la situación, no llegaremos a ninguna parte.
lísperguer